Bajo el gobierno de Uribe, con el afán de aplicar el concepto de Seguridad Democrática, se implementó una política guerrerista, que buscaba disminuir la capacidad de los grupos al margen de la ley y que involucró a la población civil, violando derechos fundamentales como la libertad y el debido proceso.
Para justificar supuestos golpes a los terroristas, fueron detenidos en los Montes de María, centenares de campesinos con imputaciones falsas de ser guerrilleros o auxiliares de la guerrilla y judicializados con informes militares que estaban alejados de la realidad.
Decenas de esos campesinos soportaron más de un año de privación injusta de la libertad, cuando se realizó la etapa del juicio, la Fiscalía, que patrocinaba la acción de los militares, no pudo probar que los campesinos estaban incursos en el delito de rebelión, por lo que la gran mayoría fueron absueltos.
90% se ganaron, víctimas y sus familiares fueron indemnizados
La firma de abogados, OFCH & Consultores Jurídicos, adelantó procesos contra el Estado por la privación de la libertad desde el año 2000, fue así como un 90% se ganaron, víctimas y sus familiares fueron indemnizados, algunos de ellos se encuentran aún en apelación ante el Consejo de Estado, con fallo favorable, principalmente del sur de Sucre, como Sincé, La Villa, Morroa, Valencia, Tierra Santa, Etc., entre los que podemos mencionar:
- Operación Colosó (Sentencia favorable del Consejo de Estado)
- Caso Pablo Sierra y otros (Sentencia favorable del Juzgado Adtivo. de Sucre).
- Enil Castro y otros (Sentencia favorable del Consejo de Estado)
- Álvaro Buelvas y otros (Sentencia favorable del Consejo de Estado)
- Operación Mariscal (Demandas en curso en los Juzgados Adtivos. de Sucre)
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