Bajo el gobierno de Uribe y siendo ministro de defensa Juan M. Santos, se implementó una política nefasta de incentivos a las tropas militares. A los integrantes de batallones que presentaban guerrilleros muertos en “presuntos combates” los premiaban con dinero, vacaciones anticipadas, entre otros. Esto motivó a que los miembros del Ejército Nacional, utilizando modos operandis comunes, en toda Colombia y en especial en los Montes de María, Toluviejo, Tolú, Valledupar y La Guajira, reclutaran jóvenes y posteriormente fueran asesinados y presentados como guerrilleros dados de bajas en combates, práctica que se venía ejecutando desde el año 2000 y solamente con el caso de los jóvenes de Soacha en el 2010, se les denominó “Falsos Positivos”.
La oficina Oscar Fernández Chagin y Abogados Asociados, fiel a la defensa de los Derechos Humanos, adelantó demandas contra el Estado desde el 2010, por estos casos, dando como resultado que muchos de ellos, se ganaran y los familiares de las víctimas, fueran indemnizados.
Además, se intervino en el proceso penal de los militares, como en el caso del coronel Mejía, comandante del Batallón “La Popa” de Valledupar que reclutó habitantes de los municipios del Atlántico y fueron encontrados muertos en pueblos del Cesar y el coronel Carvajal, que participó en el reclutamiento de más de 30 jóvenes en los municipios de Chinú, Sampués, Toluviejo. En ambos casos, fueron condenados estos militares a 40 años de cárcel.
Hoy en día seguimos en nuestra labor de lucha por la defensa de los Derechos Humanos, en los municipios Sahagún (Córdoba), Atlántico y Sucre, en este tema podemos destacar los siguientes casos, ya fallados favorablemente:
- Rosa María Talaigua y otros (2 víctimas en vereda Mula de Ovejas, Sucre)
- María Salas Rivera y otros (2 víctimas en vereda Corozo, de Colosó, Sucre)
- Emigdio Patrón y otros (10 víctimas de Toluviejo, Sucre)
- Elisa de la Hoz y otros (4 víctimas de Soledad, Atl., asesinados en Cesar)